Presidente Sociedad Agrícola del Norte: «No somos los agricultores los que especulamos con los precios»
Estas alzas se concentran sobre todo en la Región Metropolitana y dolorosamente en las zonas más australes, donde el cultivo de muchos productos no es posible debido a las condiciones del clima y el terreno.
Si tomamos las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las frutas y verduras frescas en los últimos 12 meses han alcanzando un incremento del 5,5%, muy por sobre la variación del IPC en el mismo periodo (hasta abril ya ha acumulado un 4,2%).
Como la creencia popular lleva a los consumidores a culpar a los agricultores, e incluso los pequeños productores, de aprovecharse de los cambios de temporada, las Fiestas Patrias, las festividades de fin de año y las vacaciones para especular con los precios, es nuestro deber aclarar que esto no corresponde a la realidad.
Los datos recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), que monitorea de manera constante los valores de frutas y verduras a lo largo de todo Chile, indican que los precios de venta de los pequeños productores y agricultores se han mantenido estables durante el último año, a diferencia del valor que pagan los consumidores finales.
Si consideramos que la mano de obra y el gasto en combustibles por concepto de transporte incluso han disminuido su valor, la reflexión entonces debe apuntar al rol que cumplen los intermediarios y actores del retail en el manejo de los precios.
A modo de ejemplo, un kilo de tomate en los supermercados de gran parte del país alcanza los $1.500, mientras que sus principales productores reciben en torno a $5.500 por el «toro» o caja de 18 kilos, valor que se ha mantenido estable incluso durante el invierno, época en que la producción se concentra especialmente en Arica y Parinacota.
Lamentablemente muchas veces los intermediarios manejan las expectativas del mercado al retrasar su decisión de compra a los productores, causando así una sobreoferta y al mismo tiempo generando la idea de escasez o sobredemanda en los consumidores, con un objetivo final claro. Así logran comprar a un menor precio, perjudicando a los agricultores, y revenden a un alto valor en ferias y supermercados, perjudicando en definitiva a los consumidores.
No somos los agricultores los que subimos los precios cuando hay frentes de mal tiempo o catástrofes naturales. Y es nuestro deber que el país lo sepa, porque si la situación no mejora podría causar más desempleo en las zonas rurales y por consiguiente que una mayor cantidad de chilenos viva en la pobreza. El impacto social de hacer vista gorda puede ser catastrófico.
Ante este escenario, es urgente que nuestras autoridades tomen medidas concretas para proteger a la agricultura nacional, que ha sido fuertemente afectada también por la desaceleración económica. Es necesario también que la opinión pública sepa la verdad y también condene a quienes tanto daño están haciendo a hombres y mujeres de esfuerzo, que fruto del trabajo duro viven con orgullo de los frutos de nuestra tierra.
Al mismo tiempo, y frente a la evidencia de que alguien está ganando al introducir factores artificiales en el mercado y matando la agricultura, es necesario que se castiguen estas malas prácticas y falta de ética.
Los numerosos casos de colusión que hemos conocido en el último tiempo pueden ser un buen punto de partida para que como sociedad tomemos conciencia de la necesidad de proteger nuestra agricultura, que finalmente es parte fundamental de nuestra identidad nacional.
