Nuevo servicio público de biodiversidad tendrá proceso de consulta indígena
“La conservación, que es el espíritu del proyecto de ley, tiene plena coherencia con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios» Renato Briceño, SEREMI del Medio Ambiente.
El proyecto de Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) tiene como objetivo la conservación biológica del país, a través de la preservación, restauración, y uso sustentable de especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.
El SEREMI del Medio Ambiente comentó que actualmente Chile está dentro de los 10 países que menos invierte en biodiversidad, asignado un presupuesto de aproximadamente US$1 por hectárea de área protegida. Enfatizó que existe una brecha estimada en US$55,4 millones entre lo que deberíamos invertir en conservación como país y lo que realmente destinamos para ese objetivo. En tal sentido, reconoció que “si bien Chile ha asumido compromisos importantes en los últimos dos años en materia de cambio climático, el aumento sistemático de la vulnerabilidad de ecosistemas y especies requiere avanzar en este proyecto, especialmente considerando que nuestro país basa su economía en la exportación de recursos naturales”.
Por su parte, la SEREMI de Gobierno, Carolina Videla comentó sobre la relevancia política de la materia: “hablamos de una prioridad dentro del Programa de Gobierno, que está dentro de los compromisos presidenciales, y con esta consulta estamos dando cumplimiento a acuerdos suscritos por nuestro país como es el 169 de la OIT ”, comentó la autoridad. Adicionalmente, también destacó la coherencia de esta materia con los ejes de desarrollo de la Región, enfatizando que “hemos trabajado como Gobierno Regional para que el resguardo del medio ambiente sea uno de nuestros sellos, por lo que creemos que este proyecto y, en especial, su proceso de consulta indígena nos insta a mantener esta línea y seguir proyectándola en el tiempo”.
La directora de la Conadi, Carmen Tupa señaló que como servicio prestarán el apoyo técnico necesario para el buen desarrollo de la consulta indígena, invitando a los integrantes de los pueblos originarios a participar activamente de estas instancias de participación y consulta ciudadana.
La Consulta Indígena
Por tratarse de una medida legislativa, como establece el Convenio 169 de la OIT, el objetivo del proceso de consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las materias en consulta del proyecto de Ley.
Esto debe suponer el diseño de un proceso que permita proveer de información a los pueblos indígenas sobre las materias susceptibles de afectarles directamente, para que ellos, a través de sus instituciones representativas y por medio de procedimientos adecuados, hagan ver a los órganos del Estado sus opiniones acerca de las diversas medidas que se van a adoptar.
Al respecto, el SEREMI del Medio Ambiente comentó que se esperan una gran participación de las comunidades indígenas, ya que “la conservación, que es el espíritu del proyecto de Ley, tiene plena coherencia con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, por lo que tenemos una gran expectativa del diálogo que se pueda generar con nuestra gente”.
Para más antecedentes sobre la consulta se puede revisar http://consultaindigena.mma.gob.cl/
El proyecto de Ley que crea el SBAP
Dentro de las principales funciones que tendrá el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) destaca la administración del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). De esta forma, se podrá fortalecer la ejecución de políticas, planes y programas destinados a preservar y conservar la biodiversidad del país, a través de la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas; así como también contar con un inventario nacional para la conservación de ecosistemas y especies.
El servicio tendrá funciones específicas en materia de fiscalización, lo que en la realidad actual es también una brecha importante para permitir que la biodiversidad, su protección y uso sustentable, sean considerados como un activo para el país.
