Junaeb deberá indemnizar a padres de menor fallecido en liceo de Arica

Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a pagar una indemnización total de $100.000.000 (cien millones de pesos) a los padres de un niño que murió por graves las quemaduras que sufrió en 2013, al interior de liceo de Arica.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Carlos Cerda y el abogado (i) Álvaro Quintanila– descartó infracción de ley en la sentencia que ordenó el pago a Tomás Ticona Tarapa y María Quispe Condori, cuyo hijo murió en abril de 2013, por las graves quemaduras que sufrió al volcar sobre su cuerpo una olla de agua hirviendo, en la cocina del Liceo Agrícola Municipal F-25 de Arica.

“Que todos los antecedentes detallados dan cuenta que la correcta disposición del mobiliario con el cual se prestaba el servicio de alimentación era un asunto de competencia de la demandada. En efecto, la entrega del servicio de alimentación es encomendada por ley a la Junaeb como una de las medidas que tiene por objeto “hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación” (artículo 1° de la Ley N°15.720) finalidad que el órgano administrativo cumple a través de un tercero que se adjudica la prestación del servicio a través de un proceso licitatorio. Pues bien, tal delegación de funciones no le exime de la responsabilidad que le asiste en una correcta prestación del servicio, de manera que es precisamente el órgano público la persona contra quien debía dirigirse la demanda de autos, sin perjuicio de las relaciones que éste tenga con la empresa con quien contrató la ejecución, que resultan inoponibles a los beneficiarios finales”, establece el fallo.

Resolución que agrega: “En efecto, esgrime la demandada que sus obligaciones nacen solamente del vínculo contractual derivado del proceso licitatorio. Sin embargo, las víctimas no se encuentran en la posición de determinar si la persona encargada materialmente de la entrega de la alimentación es empleado directo de la Junaeb o si trabaja para una empresa que tiene una relación contractual, ya sea con el órgano administrativo o con un tercero”.

“Desde el punto de vista de las víctimas –continúa–, ese funcionario depende directamente de la Junaeb por cuanto ella es la autoridad encargada legalmente del Programa de Alimentación Escolar, de manera que no resulta procedente exigir a los actores que demanden en virtud de un vínculo que no estaban en posición de conocer. Por lo demás, cabe destacarse que el tenor ya analizado de los Términos de Referencia de la Contratación del Suministro de Alimentación dan cuenta que, de no haberse encargado el servicio a una entidad externa y, por tanto, si la Junaeb dedicara personal e infraestructura propios a la entrega del beneficio, habría igualmente de cumplir con la ya analizada obligación de seguridad”.

“(…) a lo concluido anteriormente no obsta el hecho de que el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2010 y el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2008, ambos del Ministerio de Educación, confieran al sostenedor “la responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional”, por cuanto tal carga no exime al órgano administrativo del cumplimiento del deber legal impuesto por su ley orgánica, en cuanto a la entrega del servicio de alimentación en condiciones seguras para sus destinatarios”.