Institución persecutora de Arica, perseguida por Tribunal del Trabajo

Por: Rafa Star

El viernes 29 de julio se realizará la audiencia de preparación de juicio en el marco de la demanda laboral en contra la de Fiscalía Local de Arica

fiscalia_aricaDurante este año hemos visto tanto en los medios locales como nacionales una serie de sentencias condenatorias en contra de importantes instituciones públicas por hostigamiento laboral y despidos injustificados. Los casos emblemáticos que se han registrado en nuestra región y que han terminado costándole al Estado de Chile grandes sumas de dinero por concepto de indemnización debido al abuso de poder por parte de altas autoridades de la administración pública y que finalmente la justicia ha sancionado.

Los más relevantes en nuestra región y que nuestro medio en su tiempo cubrió destacan, a la ex Gobernadora y actual candidata a la alcaldía Andrea Murillo, quien en su calidad de gobernadora hostigó sistemáticamente a una de sus funcionarias causándole un grave daño tanto moral como psíquico.

Por otra parte, la Universidad de Tarapacá, la Universidad del Estado, fue condena por Vulnerar los Derechos Fundamentales en contra de uno de sus académicos e investigador, el Dr. Pablo Valladares. A eso se le sumó una nueva denuncia por Acoso Laboral interpuesta por el Dr. Diego Villagra donde finalmente se llegó a una reconciliación. Esto debido a las decisiones arbitrarias y amedrentamiento por parte del ya ex Vicerrector Académico de la UTA Carlos Leiva Sajuria quién fue removido de su cargo.

Las Instituciones Públicas, Instituciones del Estado, financiadas por todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, uno esperaría que no existiesen este tipo de conductas abusivas, déspotas y denigrantes contra sus propios trabajadores, sin embargo, este tipo de malas prácticas resultaron ser más común de lo esperado.

Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, ahora es el Ministerio Público de Arica quien enfrenta graves acusaciones que recaen en la actual administradora del ente persecutor.

El 23 de junio del presente año ingresó la causa (RIT O-117-16) al Juzgado de Letras del Trabajo de Arica caratulado: “Telercio con Ministerio Público Fiscalía Regional” cuya materia de la demanda es por: “Tutela, Acoso Laboral y discriminación” sindicada como responsable de estos supuestos hechos, Romina Villarroel Pérez, Administradora de la Fiscalía Local de Arica.

El escrito de la demanda señala entre otros:
“La parte demandada debe al trabajador el pago de la siguiente prestación:
1- Recargo legal indemnización art. 168 letra a) del 30% = $3.579.716.-
2- Las costas de la causa.

Cabe señalar que el trabajador demandante, el Sr. Angelo Telercio, representado por el abogado Luis Bardi también recurrió a la Inspección del Trabajo donde en una primera visita a dicha institución le mencionaron que su reclamo no podía ser recogido por ellos ya que no contaban con la atribución para realizar una conciliación, sin embargo, luego de ser asesorado por su abogado vuelven a recurrir a la Inspección del Trabajo y ésta al verlo acompañado de un profesional del Derecho accede a tomar el reclamo.

El Acta de Comparendo de Conciliación de la Dirección del Trabajo, Unidad de Conciliación (Anexo de reclamo N°1501/2016/662 de fecha 16/05/2016) señala que:

“Siendo las 10:05 horas se procedió llamar a las partes…
El reclamante Angelo Telercio comparece personalmente.
La parte reclamada Ministerio Público Fiscalía Nacional, RUT N° 61935400-1 con casa matriz en General Mackena 1369 piso 2, comuna de Santiago (Región Metropolitana) con faenas o servicios en Baquedano 731 Edificio Emelari piso 10 Comuna de Arica representada legalmente por Javiera López Ossandón, cuya actividad es Fiscal Regional, NO COMPARECE, habiendo sido notificado. Lo que importa infracción al artículo 29 del D.F.L N°2″.

Cabe destacar que el Sr. Telercio debió contratar los servicios de un abogado particular, tras no recibir ningún tipo de ayuda judicial por parte de la ANFUMIP (Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público).

Angelo Telercio trabajó por 11 años en la Fiscalía de Arica y mientras trabajó en dicha Institución fue miembro de la ANFUMIP, pagando mensualmente su cuota como miembro de esta Asociación, cuyo objetivo también destacan es la de prestar ayuda judicial en caso de que uno de sus miembros lo requieran, cosa que en este caso no sucedió, pese a que Telercio siempre estuvo al día con sus pagos mensuales durante años en dicha Asociación Nacional de Funcionarios.

Hasta el término de esta nota, tratamos de comunicarnos con Patricio Martínez Marchan, Presidente Regional de la ANFUMIP para consultarle el por qué no se le presto ningún tipo de ayuda legal al afectado, teniendo éste que recurrir a contratar un abogado particular, lo que no fue posible.

Por otra parte, logramos comunicarnos con la parte demandante, pero declinó a referir al tema por el momento.

Ver demanda completa aquí.