Ha llegado carta…¿de quién?..de Patricia Gálvez

En atención a la publicación realizada por aricamia.cl, solicito a Ud. hacer uso de mi derecho a réplica, consignado en los artículos 16,19 y 20 del Título IV de la Ley 19.733.

«La Constitución de la República (CPR) garantiza como derechos constitucionales el derecho a la integridad psíquica de la persona (artículo 19 Nº 1 CPR); la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº 2 CPR); el debido proceso (artículo 19 Nº 3 CPR) y el derecho a la protección de la honra (artículo 19 Nº 4), entre otros.
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que, «nadie será objeto de injerencias arbitrarias (…) ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques»; mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11 consagra que «toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad».

Por ello, frente a las supuestas denuncias difundidas a través de la prensa y en base a las cuales se ha iniciado una campaña de desprestigio profesional, laboral y personal en mi contra, es importante aclarar que el Manual de Acoso Laboral y Sexual del Ministerio del Interior (MALS) donde me desempeñé como funcionaria a honorarios entre el 11 de marzo y el 12 de septiembre, establece que al momento de ingresar una denuncia «debe notificarse a la/el funcionario/a denunciado/a por carta certificada o bien a través de una comunicación formal en un plazo no mayor a 3 días desde que la denuncia haya sido ingresada».

Hasta el momento en que se puso a término a mi contrato a honorarios, esto es, el día 12 de septiembre y hasta el día de hoy, nunca recibí ninguna notificación formal ni informal sobre la presentación ni existencia de las supuestas denuncias que hoy se intentan imputar a mi persona.

Asimismo, el MALS indica como principio, que se debe garantizar «la existencia de instancias de defensa, que permita el derecho a ser oído o a ofrecer y rendir pruebas» ante una situación como ésta.

En la legislación vigente, tanto constitucional, legal como en el estatuto administrativo, esto se conoce como debido proceso y derecho a legítima defensa frente a una acusación.

Por tanto, si las supuestas denuncias existen o mejor dicho, fueron presentadas ante la autoridad competente, esta última debió iniciar un proceso de investigación y, con eso, permitir que ambas partes presentaran sus pruebas, lo que tampoco ocurrió en este caso.

Muy por el contrario, se inició una campaña difamatoria, con publicidad inclusive en redes sociales y medios de comunicación, especialmente en la ciudad de Arica, aludiendo a la existencia de las mismas inmediatamente después de la fecha en que me fue notificado el término de mi contrato.

Precisar que, si la causal para el término del contrato a honorarios hubiese sido el maltrato comprobado, eso debe quedar consignado en la comunicación de término de relación contractual, lo que tampoco sucedió en este caso.

Finalmente, reiterar que atendida la fundamentación anterior, toda esta campaña levantada repentinamente en mi contra y que busca dañar mi honra profesional y personal, alcanzando incluso a mi familia y cercanos; responde a una estrategia comunicacional que busca desviar la atención de los hechos que dieron paso a la vulneración de mis derechos laborales, y ratifica el abuso de poder al que fui y continúo siendo expuesta.

Todo esto ocurre luego de que hiciera presente a mi entonces jefatura directa mis profundas diferencias éticas y valóricas con respecto a su conducta, y los costos que ésta podría traer a la actual administración de Gobierno, con el que guardo total compromiso, situación qué no está relacionada en ningún caso con las funciones profesionales que cumplí al 100% al interior de la Delegación Presidencial, las que incluso fueron reconocidas tanto por el Ministerio del Interior como por la Presidencia de la República».

Nota de la Redacción
El problema de la señora Gálvez es un problema político entre ella y su partido. AricaMia solo se ha remitido a publicar – 22 de septiembre 2022 – una declaración pública de la FRVS firmada por todos los miembros de la directiva regional de Arica y Parinacota y desconocemos si la intención de dicha colectividad política es una «campaña levantada repentinamente en mi contra y que busca dañar mi honra profesional y personal, alcanzando incluso a mi familia y cercanos; responde a una estrategia comunicacional que busca desviar la atención de los hechos que dieron paso a la vulneración de mis derechos laborales, y ratifica el abuso de poder al que fui y continúo siendo expuesta» según expone textualmente en su solicitud de réplica, cuyo párrafo reproducimos textualmente.

Fiel a nuestra rigurosidad informativa, AricaMia cuenta con el respaldo necesario que significó su destitución por parte del Ministerio del Interior.

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