Corte de Arica ordena demolición de obras ilegales en el Valle de Azapa

Corte de Apelaciones de Arica.

La Corte de Apelaciones de Arica condenó a socios de distribuidora y a grupo de particulares a pagar una multa a beneficio fiscal y demoler las obras efectuadas en terrenos ubicados en el Valle de Azapa, paños que fueron loteados y subdivididos de forma ilegal.

En fallo unánime, el tribunal de alzada revocó en lo apelado la resolución dictada el 14 de noviembre de 2016 por el Tercer Juzgado de Letras de Arica.

Asimismo, rechazó la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por las denunciadas Marcela Fernández Soto y Nancy Espinoza Araya. Asimismo, el tribunal de alzada condenó “a los denunciados Hugo San Martín Li, Marlene Irene Cisternas Riveros, en sus calidades de socios de Distribuidora San Martín y Cisternas Limitada; a David Alejandro Quispe Calle, Marcela Fernández Soto, Marlene Elizabeth Tancara García, Ricardo Andrés Correa Bacián, Leylan Dayan Lucero Pizarro, Luis Rogelio Muena Apaza y Nancy Espinoza Araya, a pagar cada uno, una multa a beneficio fiscal equivalente al 200% del avalúo del predio, vigente al momento del pago de dicha sanción, por haber infringido el artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516, de 1980, en relación con el artículo 2° del mismo Decreto; y, además, a la demolición, a su costa, de las obras efectuadas por los denunciados David Quispe Calle, Marcela Fernández Soto, Marlene Tancara García, Ricardo Correa Bacián, Leylan Lucero Pizarro, Luis Muena Apaza y Nancy Espinoza Araya”.

“(…) a juicio de esta Corte, tanto los socios de la vendedora como los compradores de los seis lotes en que la primera subdividió el 50% de las acciones y derechos que le correspondían en la parcela N° 9, de 5.010 metros cuadrados, con destino de predio rústico, a su vez componente de los doce lotes en que se subdividió la parcela N° 14, incurrieron en infracción al artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516, de 1980, que prohíbe subdividir los predios de esa naturaleza en unos de una superficie inferior a 0,5 hectáreas físicas”, sostiene el fallo.

“(…) amén de asignarse, sin corresponderle una parte determinada del 50% del terreno que en comunidad la vendedora tenía con otra u otras personas, toda vez que, conforme con el artículo 2° del referido Decreto Ley, son sancionados quienes infringieren dicho cuerpo legal, ‘aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo primero’, teniendo en consideración que los compradores no sólo vulneraron la norma en cuanto a la superficie, sino también en relación al destino del uso del suelo, distinto al permitido, o sea, agrícola, ganadero o forestal”, concluye.