Corte de Apelaciones acoge amparo de médico con Covid-19 y rechaza su reinternación forzosa dispuesta por Seremi en Hospital Juan Noé

Una insólita contienda judicial se libró durante esta semana en la Corte de Apelaciones de Arica, luego que el cirujano plástico, abogado y ex candidato independiente a senador, Enrique Lee, interpusiera un recurso de amparo (hábeas corpus) en favor del médico anestesiólogo Duval Aguirre.

La acción pretendía dejar sin efecto la reinternación del anestesiólogo con un cuadro de Covid-19 en el Hospital Juan Noé, luego de que la Secretaría Regional Ministerial de Salud ordenara el procedimiento con apoyo de la fuerza pública, a raíz de que el Servicio de Salud informara que el paciente había abandonado el centro asistencial con un alta médica y no era posible ubicarlo.

Este viernes la Primera Sala del tribunal de alzada, se reunió para revisar los antecedentes y acogió el recurso, con el voto en contra del ministro Pablo Zavala, quien estuvo por ratificar la legalidad de la medida decretada por la Seremi (ver fallo de la Corte de Apelaciones de Arica).

En rigor, los ministros Marcelo Urzúa y José Delgado, advirtieron vicios de legalidad en la Resolución N°700 del 13 de julio de 2020 de la autoridad sanitaria que ordenó la internación del médico, ya que no advirtió los fundamentos claros que revelaran el incumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte del médico contagiado.

En la sentencia difundida la tarde del viernes, los ministros Urzúa y Delgado, en su voto de mayoría, indicaron que la autoridad sanitaria no logró acreditar en su informe “la insuficiencia de aislamiento domiciliario”, para el tratamiento del Covid-19 en la casa de Aguirre.

A su vez, argumentaron que la Seremi de Salud, para justificar la internación, sólo entregó como fundamento que el paciente “presenta un cuadro de COVID-19, con criterios de hospitalización, el cual se puede complicar, presentando la necesidad de cuidados de mayor complejidad, sin mencionar antecedente alguno que desaconseje la permanencia en su domicilio”.

Y el fallo agrega que si bien el objetivo de la autoridad sanitaria busca que no se propague la enfermedad, “en la especie, las acciones y explicaciones del Servicio de Salud para internar forzadamente al amparado, dicen relación con aspectos relativos a la salud individual de éste, por lo que no se encuadran en la norma antes mencionada, máxime considerando que Aguirre Guzmán había sido dado de alta en el hospital y se encontraba cumpliendo regularmente cuarentena en su domicilio, debiendo tenerse presente, además, su calidad profesional de médico cirujano”, concluye el fallo.

Así es como concluye que la medida de internación “carece de fundamento legal”, ya que “no se vislumbra que la autoridad sanitaria haya tenido antecedentes que permitieran decretar su internación forzosa en un establecimiento hospitalario, lo que constituye una privación a su derecho a la libertad personal, lo que obliga a acoger la presente acción constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho”.

Voto disidente
El fallo no fue unánime. El ministro Pablo Zavala estuvo por rechazar el hábeas corpus. En su voto disidente justificó la medida dispuesta por la Seremi de Salud, indicando que “la autoridad sanitaria, puede adoptar medidas incluso coercitivas, para cumplir los objetivos sanitarios que se exigen, para evitar los efectos a que la pandemia ha sometido el país, todo ello dentro del contexto de excepción constitucional que vive el país”.

A su juicio, el artículo 22 del Código Sanitario le otorga a la Seremi las facultades suficientes para ordenar una internación obligatoria de un paciente, sobre todo fundada en que “en caso de amenaza de epidemia, lo cual en la especie es un aspecto no discutido, y ante las evidentes ausencias de seguridades en el aislamiento que una persona puede tener en su domicilio, evidenciado por ser portador de un virus tremendamente agresivo y de una enfermedad infecciosa adicional como la neumonía, el precepto legal ya referido exige e impone a la autoridad sanitaria, la obligación de internar al paciente, en tales supuestos, en un establecimiento hospitalario u otro local sanitario, para este fin”

Y sostuvo que dado el estado que presenta el paciente, según el informe médico exhibido por la autoridad sanitaria, “la patología de neumonía que afecta el ahora amparado, el cual implica que no solamente deberá sanarse de su padecimiento viral, esto es, la enfermedad del Covid-19, sino que además deberá superar su estado de neumonía pulmonar que parece, lo cual evidentemente hace que el lugar idóneo para eso sea el nosocomio local”.

Además, reconoció que en este recurso se contraponen los derechos a la libertad personal que alega el médico; y por otro, el de la protección a la salud de la salud de la ciudadanía, que defiende la autoridad.

En su razonamiento y ponderando ambas garantías constitucionales, concluye que “evidentemente debe primar el interés colectivo, esto es, el derecho a la salud de toda la población, teniendo presente además, que evidentemente no resulta ser renunciable, como tampoco irrelevante, el lugar donde esté internado de manera preventiva el paciente en cuestión, toda vez que aquello influirá necesariamente en una eventual mayor peligro de contagio”.

El mediático recurso de amparo
La disputa judicial comenzó a conocerse desde el día 14 de julio, cuando el médico y abogado Enrique Lee y el anestesiólogo Duval Aguirre, difundieron entre sus contactos y redes sociales que este último se encontraba “retenido” en contra su voluntad en el hospital y que habían recurrido a la justicia con un recurso de amparo. (ver recurso de amparo)

Claro, la versión carecía de una parte relevante: lo que antecedió a ese procedimiento inusual que había generado la reinternación de Aguirre en el nosocomio local, a través de una Resolución Sanitaria de la Seremi de Salud.

La secretaria regional ministerial de Salud, Beatriz Chávez, pese a ser consultada en el punto de prensa que realizó el jueves 16 de julio, calificó el tema como “farándula” y se negó a responder por este hecho. Dos medios le remitieron preguntas escritas y, tal como lo ha hecho en varias ocasiones cuando ha sido cuestionado el manejo sanitario de la pandemia, respondió airada y sin derecho a réplica.

En la oportunidad no hubo derecho a réplica, ya que las preguntas deben enviarse antes de cada punto de prensa y los medios no asisten a las conferencias diarias. Dicho mecanismo impuesto hace ya varios meses por el Gobierno Regional, contrariamente al mecanismo aplicado por La Moneda diariamente, resguarda a la autoridad de dar mayores explicaciones, pero resta la posibilidad de contrapreguntar o aclarar errores o situación es poco claras en la estrategia sanitaria.

Alta médica voluntaria
El caso de Duval Aguirre podría sentar un precedente nacional, si la Seremi de Salud y el Servicio de Salud deciden no apelar ante la Corte Suprema. Un paciente incómodo con su internación, podría perfectamente tramitar su alta médica y señalar que en su casa está más seguro, tal como lo alegó Aguirre, quien según su colega Lee, estaba cumpliendo con la cuarentena obligatoria encerrado en su hogar y tenía toda la infraestructura necesaria para tratarse el Covid-19 que padecía.

En sentido contrario a esa versión de que Aguirre poseía todas las seguridades sanitarias para tratar la enfermedad, el Servicio de Salud de Arica emitió un informe el 15 de julio al tribunal de alzada. El documento fue suscrito por la abogada de ese organismo, Pamela Ponce, para responder judicialmente al requerimiento judicial. (ver informe del Servicio de Salud de Arica)

En 14 puntos para controvertir la tesis de la “internación forzosa” que cuestionó el médico, se indica que habían razones suficientes para solicitarla, dado que el paciente calificaba para “hospitalización”.

Según ese documento, Aguirre el 4 de julio se efectuó el examen PCR (Prueba de Proteína C Reactiva), porque presentaba síntomas de Covid-19. Ese día le informaron que debía permanecer en cuarentena preventiva hasta tener el resultado.

Cinco días después, es decir, el 9 de julio, el Servicio de Salud confirma que el paciente tiene Covid-19, pero no logran ubicarlo para notificarlo formalmente y recién el 10 de julio se practica este procedimiento. Ese día es internado en el Hospital Juan Noé, debido a que ya padecía una neumonía asociada a la enfermedad y tenía problemas respiratorios, dado que su saturación era de un 92%, cantidad inferior al rango de 95% a 100%, cantidad de oxígeno en la sangre que se considera como un parámetro normal. También le practicaron una radiografía de tórax donde se evidenció problemas en sus pulmones.

Extrañamente, según el reporte del Servicio de Salud, el médico sólo toleró un día de internación en el nosocomio. Un facultativo, cuyo nombre se desconoce hasta hoy, accedió a su petición de darle un “alta voluntaria”.

Ese procedimiento administrativo existe efectivamente en el para aquellos casos en que un paciente no quiera ser tratado, se niegue a un tratamiento, o quiera interrumpirlo. Así lo prescribe la Ley N°20.584 de Derechos y Deberes del Paciente, que en su artículo 14 dice que “toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud”.

Y así fue como el médico salió sin problemas del hospital el 11 de julio. Ante este hecho anómalo, la directora del Servicio de Salud de Arica, Magdalena Gardilcic, solicitó a la Seremi de Salud que dispusiera las medidas para lograr la reinternación del facultativo, bajo el argumento de que “el paciente antes mencionado presenta un cuadro de COVID-19 con criterios de hospitalización, el cual podía complicarse y hacer necesarios el otorgamiento de cuidados de mayor complejidad. Siendo reingresado recién el día 14 de julio al establecimiento”.

Fue bajo la Resolución Sanitaria N°700 de la Seremi de Salud, que el lunes 14 de julio, a través de un operativo que incluyó una ambulancia y un vehículo de Carabineros, que Duval Aguirre fue trasladado desde su casa en el valle de Azapa hasta el centro asistencial nuevamente. En ese lugar fue hospitalizado en la Unidad de Paciente Crítico Intermedio Covid-19.

El informe define al médico como “un paciente que manifiesta escasa cooperación, no acepta de buena manera los controles, tratamientos ni exámenes”.

Al ingresar nuevamente al hospital, según reporta el Servicio de Urgencia, Aguirre ingresa con síntomas complejo de la enfermedad: “crépitos (ruidos respiratorios), disneico (dificultad respiratoria o falta de aire), saturando 92%, con diagnóstico de NAC (neumonía adquirida en la comunidad), es decir, el paciente presentaba una inflamación pulmonar severa… la PCR en aumento 72 -> 105… por lo que mantiene falla respiratoria severa”.

Y agrega otro antecedente que Aguirre “cuenta con un riesgo de tromboembolismo pulmonar secundario a SARS Cov 2, por ello con anticoagulación en dosis intermedia, con terapia antiinflamatoria endovenosa con dexametasona desde el día 15 de julio”.

La versión de Lee
Esa internación forzosa, fue cuestionada a través del recurso de amparo presentado por el médico Enrique Lee, quien comentó en la propia acción judicial que su amigo lo había llamado desesperado desde la sala del hospital donde estaba internado y que la autoridad sanitaria estaba transgrediendo el derecho a su libertad personal y seguridad.

En la acción judicial se describe un panorama absolutamente distinto al relato del Servicio de Salud. Según indica el hábeas corpus, la enfermedad “le fue diagnosticada el día 6 de julio de 2020 y ese mismo día fue hospitalizado siendo dado de alta al día siguiente en regulares condiciones generales”.

Agrega que “el Sr. Aguirre por su condición de ser paciente portador de COVID-19 cumplir rigurosamente su cuarentena en su domicilio, en el cual además pudo realizarse tratamientos naturales que le permitieron recuperar su salud, tanto así que a la fecha que fue la ambulancia a buscarlo a su domicilio, es decir 1 semana después del alta médica antes mencionada, él ya se encontraba en franca recuperación, situación que además fue corroborada por la cónyuge y por su hija”.

Luego sostiene que “el Sr. Aguirre y su familia directa están muy angustiados por el hecho de que se le haya privado su libertad y retenido en un recinto hospitalario en el cual no está recibiendo tratamiento médico completo. La sala donde se encuentra actualmente en el hospital no es una sala de cuidados intensivos, es una sala común que ni siquiera cuenta con monitorización adecuada, la que sí dispone en su domicilio, ya que debido a su profesión cuenta con instrumentos para un monitoreo adecuado”.

Por último, el recurso plantea que “es necesario decir a la ilustrísima Corte que la enfermedad COVID-19 no tiene a la fecha un tratamiento específico conocido, tratándose sólo de manera sintomática y en ocasiones con el apoyo de ventilación mecánica cuando es requerida. El problema sanitario de la COVID-19 es su alta contagiosidad la que puede ser controlada con la cuarentena que se le exige a los portadores de esta enfermedad así como a sus contactos estrechos, que en este caso es la familia directa del Sr. Aguirre”.

Del mismo modo, valida que el médico pueda hacer su tratamiento en casa, pese a que para el Servicio de Salud, el paciente tenía parámetros para su hospitalización y no para aislamiento domiciliario.

“Esta cuarentena es exigida en los propios domicilios de los enfermos, y sólo en casos que éstos no cuenten con las condiciones mínimas para hacer la cuarentena se les asigna una residencia sanitaria. No es el caso del Sr. Aguirre que cuenta con las condiciones necesarias para realizar su cuarentena en su domicilio y con ella proteger al resto de la población. Así las cosas queda claro que el Sr. Aguirre en ningún momento transgredió la cuarentena que reglamentariamente deben cumplir los enfermos con COVID-19, permaneciendo en su domicilio desde que fue dado de alta el día 07 de julio de 2020”, expresa la acción judicial donde valida que el anestesiólogo pueda atenderse en su domicilio.

Resolución sanitaria con vicios
Sin duda que lo que desnudó hasta ahora este recurso judicial, fue un flanco débil de la Seremi de Salud, al haber emitido una resolución de internación obligatoria, sin tener la evidencia clara de que el médico era un agente contagioso y estaba incumpliendo la cuarentena obligatoria a la que se comprometió al salir con un alta médica voluntaria desde el propio hospital donde atiende regularmente.

No bastó al tribunal de alzada que esgrimiera que tenía las facultades para hacerlo, amparándose en el artículo 22 del Código Sanitario.

Es más, en su informe al tribunal la Seremi de Salud reconoce haber aplicado este procedimiento con otros pacientes. Así lo expresa en el punto c) de ese documento, donde afirma que “esta medida, no sólo ha sido aplicada al Sr. Aguirre, sino que a todas aquellas personas cuyo aislamiento domiciliario no es considerado suficiente por el riesgo que implican para terceros como también respecto de quienes han incumplido la cuarentena obligatoria tras ser diagnosticados, haberse tomado el examen de PCR o determinadas como contacto estrecho de un paciente positivo, siendo internados en el Hospital de Arica o en una residencia sanitaria, según el estado de salud que presenten”.

¿Qué ocurriría entonces si nuevos pacientes incómodos detectan los mismos vicios de legalidad y se rehúsan a la internación obligatoria? (ver informe de la Seremi de Salud)

La pregunta que surge a cinco días del recurso, es si finalmente las autoridades sanitarias acatarán el fallo y dejarán partir al médico a su casa. La ficha clínica del paciente recomienda su internación por la alta contagiosidad que tenía y por su estado salud debilitado, ya que se le ha debido suministrar oxigeno y tiene una neumonía asociada a la Covid-19.

Es más, el Informe del Servicio de Salud presentado ante la Corte asegura que “es improcedente concluir que el Sr. Duval Aguirre se encontraba en franca recuperación; que los cuidados otorgados en su domicilio son superiores al manejo de la patología que existe en el Hospital Regional y además, que en ningún caso se encuentra retenido en el recinto asistencial”.

Y cuestiona que su permanencia en la casa le asegure mejoría, dado que -sostiene el documento- “el manejo domiciliario para un cuadro complejo como el que manifiesta es absolutamente improcedente y contraindicado dada la complejidad del cuadro que presenta, el nivel de compromiso aun presente y las eventuales complicaciones que pudieren presentarse dada su condición de salud, lo que en definitiva hizo y hace necesaria su hospitalización en la Unidad de Paciente Critico y no en cualquier otra de menor complejidad, pues cabe recordar que su reingreso ocurrió a raíz de la falla respiratoria compleja que el paciente presentó y mantiene, situación que es incompatible con una supuesta recuperación y/o evolución del médico y con un manejo en su domicilio”.

Frente a este diagnóstico, ¿quién podría garantizar que la vida del facultativo, no corra peligro ahora estando más complicada su salud? Aguirre es pieza clave de los equipos de intubación para pacientes Covid-19, por su especialidad como anestesiólogo. Es una baja lamentable dentro el personal médico, hoy estresado por turnos redoblados y falta de especialistas como él. Obviamente, es imperiosa su recuperación y de la manera más eficiente para tenerlo dentro de la llamada “primera línea”

Claramente asoman preguntas sobre cómo se contagió, más si son los propios médicos quienes han llamado a la población al autocuidado. De ese tema ninguna autoridad asume responsabilidad, ni se advierten sumarios para esclarecer responsabilidades y las circunstancias.

Asimismo, se observan desprolijidades en el equipo de la Seremi de Salud, en torno a medidas coercitivas que efectivamente pueden traer problemas judiciales y distraer de lo verdaderamente importante: detener el avance de la pandemia.

Este traspié judicial de no ser revertido por la Corte Suprema, es asimilable al de hace unas semanas cuando se registró el primer peak de los contagios y el Jefe de la Defensa Nacional de Arica y Parinacota, había autorizado los deportes en el borde costero, sin el consentimiento de la autoridad sanitaria, atendiendo sólo a la presión de un grupo de surfistas que quería volver a la playa.

Por último, el asunto tiene también un trasfondo político. Una vez más, ciertas debilidades en el manejo sanitario, abren espacio a la figura de un actor político: el cirujano plástico, Enrique Lee. Tanto la directora del Servicio de Salud, Magdalena Gardilcic y la seremi de Salud, Beatriz Chávez, han tenido públicas disputas con el ex candidato independiente a senador, por la compra de ventiladores mecánicos o tardanza en la renovación de las ambulancias.

Sabiendo las autoridades que tienen a un actor vigilante y con conocimiento sanitario, además de alta audiencia en su red social de Facebook, la guerra entre ambos flancos parece no tener tregua. El discurso de Lee ha sido tan seductor que hasta el intendente Roberto Erpel cayó en sus redes al iniciarse la pandemia, aceptando sus consejo para el manejo de ésta, provocando la molestia de la directora del Servicio de Salud, a quien el médico ha perseguido y cuestionado constantemente.

Hoy esta disputa entre médicos y autoridad sanitaria vuelve a tener un round mediático. Ahora lo es con un fallo judicial que reconoce la habilidad política de Lee no sólo de instalar temas en la autoridad y controvertirla sin tapujos, sino también pone a prueba su pericia como abogado recientemente titulado. Por lo visto, Lee como figura política hay para rato y sus seguidores lo defienden porque, como dicen, la “bata blanca pesa y no tiene contrapeso”.