Concejales de Arica denuncian falta de probidad en contratación de abogada titular del TER en Empresa Portuaria Arica

Una denuncia ante la Contraloría General de la República por falta a la probidad, inhabilidad e incompatibilidad de cargos, presentaron este miércoles 11 cuatro concejales de la comuna de Arica, luego de conocer que la abogada integrante titular del Tribunal Electoral Regional (TER), Solange Gutiérrez Vergara, órgano donde se tramita una denuncia por notable abandono de deberes contra el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, fue contratada paralelamente por la Empresa Portuaria Arica (EPA) desde septiembre del año 2022.

La acción fue interpuesta por los concejales Daniel Chipana Castro (independiente, radical), Cristian Rodríguez Sanhueza (independiente), Mario Mamani Fernández (PS), y Gabriel Fernández Canque (independiente). Los cuatro ediles además son denunciantes en el requerimiento formalizado el 29 de julio del año pasado, que persigue la remoción del jefe comunal por 11 hechos relacionados con faltas graves de servicio y en la gestión de recursos municipales.

En la denuncia ante el organismo contralor, los concejales señalan que la abogada Gutiérrez habría infringido la Ley N° 18.593 de los Tribunales Electorales Regionales. Dicha normativa en su artículo N°8 indica que “los cargos de los miembros de los Tribunales Electorales Regionales son incompatibles con el de cualquier otro Tribunal Electoral Regional, con el de miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco o de cualquier órgano de la Administración del Estado”.

Agregan en el libelo que la profesional al ser contratada por la Empresa Portuaria Arica y tener vigente el nombramiento como titular en el TER, “debiendo estar en horario laboral, se encontraba gestionando doble función para su beneficio personal vulnerando el principio de probidad administrativa que debe desempeñar todo funcionario público, infringiendo así los artículos 9, 10 y 27 de la Ley N° 10.336 y vulnerando los artículos mencionado precedentemente de la Ley 19.884”.

Los denunciantes solicitaron comunicar la situación al Consejo del Sistema de Empresas Públicas, holding estatal del que forma parte la EPA, y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) por ser el organismo fiscalizador de la EPA, y al Ministerio de Hacienda; y un informe al Servicio de Impuestos Internos sobre los montos y servicios prestados por la abogada a la empresa pública.

Extraño nombramiento

Por su parte, el concejal Daniel Chipana explicó que junto a los otros 3 concejales “decidimos recurrir a la Contraloría, dado que nos enteramos de que la empresa pública portuaria, cuyo directorio tiene cercanía política con el Partido Liberal, partido del alcalde, decide contratar a la abogada titular del TER que estuvo resolviendo durante todo el segundo semestre la causa de notable abandono de deberes que presentamos contra Gerardo Espíndola”.

Agregó que “con esta denuncia buscamos que haya garantías de objetividad y transparencia en la causa que está siendo tramitada en el TER y se resuelva en consecuencia sobre los hechos graves que hemos denunciado como la pérdida del Casino Municipal y otros que han generado graves perjuicios al municipio por una administración municipal deficiente e irresponsable”.

En tanto, el concejal Cristian Rodríguez indicó que “claramente la disposición reglamentaria establece la incompatibilidad con el cargo que ejerce la profesional en el Tribunal Electoral de la región de Arica y Parinacota. En atención al proceso llevado a cabo por el juicio de remoción en contra del alcalde de Arica, debería inhabilitarse como miembro de dicho tribunal y de esta manera garantizar la transparencia  del proceso”.

El grupo de concejales denunciantes señaló que “la Contraloría es la llamada a investigar este nombramiento en la empresa portuaria fiscal que data desde septiembre de 2022, a sólo dos meses de que presentamos la acusación. ¿Por qué se contrata a la abogada del TER que tiene una incompatibilidad legal de ejercer en instituciones del Estado y resulta que la Empresa Portuaria Arica (EPA) es una empresa del Estado? Llama la atención que el directorio de la Empresa Portuaria Arica nombrado por el actual Gobierno en mayo del año pasado, haya exonerado en agosto a la fiscal que llevaba más de 10 años en la empresa, para luego contratar a la señora Gutiérrez”.

Del mismo modo, expresaron que otro elemento que llama la atención en el reclutamiento de la abogada en la EPA, “es el hecho de que hasta hoy en la sección de Transparencia de la web oficial de esa institución, no se publique que la abogada Gutiérrez es la secretaria del directorio y fiscal de la empresa. ¿Por qué hasta hoy no se informa esta decisión en una empresa pública que es de todos los chilenos y cuyas decisiones tenemos derecho a conocer por ley?”.