Arica: Se inició juicio oral en que Fiscalía acusa a 17 personas por delitos de corrupción pública (Video)

juicio_sankanEn la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal y con la lectura de los cargos por parte del juez presidente se dio inicio al juicio oral del denominado caso de corrupción pública, en que la Fiscalía de Arica busca conseguir sentencia condenatoria en contra de 17 personas acusadas por su presunta responsabilidad en diversos delitos vinculados a la ejecución de proyectos de la Ilustre Municipalidad de Arica, y que alcanzan los poco más de 3 mil 600 millones de pesos.

Es así como el juez presidente del tribunal, Mauricio Vidal, dio a conocer los delitos formulados por la Fiscalía en contra de cada uno de los acusados, indicándoles el tipo de participación que tuvieron en el ilícito, su grado de desarrollo y las penas solicitadas en la acusación fiscal.

Asimismo, para este lunes quedó programado el inicio de los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, oportunidad en que el Ministerio Público de Arica señalará de qué manera intentará acreditar cada uno de los delitos investigados, junto con relatar los hechos.

“Las expectativas de la Fiscalía pasan por poder demostrar, con los medios de prueba que fueron ofrecidos al tribunal e ingresados a esta fase, los hechos de la acusación y que de esta manera el tribunal pueda llegar a una convicción de culpabilidad de los acusados respecto de los hechos que hemos vertido en nuestra acusación”, expresó la Fiscal Regional, Javiera López.

La autoridad regional del Ministerio Público agregó que “una vez que el tribunal da inicio al juicio posteriormente se desarrolla la fase en que el tribunal tiene que dar a conocer a los acusados los hechos sobre los cuales da cuenta la acusación y el objeto de la misma. A partir de ahí se inician los alegatos de apertura junto con la producción de prueba”.

Delitos
Los acusados enfrentan cargos por diversos delitos, desde asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco y cohecho activo y pasivo, entre otros. Por estos ilícitos la Fiscalía pidió penas que en total suman 221 años y 541 días de presidio. Asimismo, se acusó la persona jurídica Asevertrans Limitada, por el delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.

Durante el juicio -el que se prevé se extenderá por varios meses- el Ministerio Público será representado por la Fiscal Regional, Javiera López, además del Fiscal Jefe de Arica, Carlos Eltit, y el Fiscal Adjunto Francisco Ganga.

Durante el juicio oral el órgano persecutor presentará finalmente un total de 140 testigos (otros 47 fueron dispensados por el Ministerio Público en la primera jornada), además de 12 peritos, cerca de 150 mil escuchas telefónicas y más de mil documentos, entre pericias contables y otros informes, medios de prueba con los cuales pretende acreditar cada uno de los ilícitos investigados. Asimismo, se despacharon 7 órdenes de detención contra testigos que no se presentaron en el tribunal.

En la acusación fiscal, las penas más altas solicitadas por el Ministerio Público corresponden a los imputados Jorge Frías Esquivel (51 años de presidio), formalizado por ocho delitos –asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, dos fraude al fisco, cohecho activo, tenencia de arma de fuego y adquisición de munición, entre otros-; y Waldo Sankán Martínez (36 años de presidio), como autor de delitos de asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco, tres de cohecho activo, nombramiento ilegal y exacción ilegal. Además se solicita para ambos multas e inhabilitación para oficio o cargo público.

Los otros acusados son Javier Araya Cortés (13 años por delitos de cohecho, fraude al fisco y asociación ilícita); Arnaldo Salas Valladares (6 años por negociación incompatible y asociación ilícita y otros 541 días por fraude al fisco); Fernando Vargas Villarroel (13 años por dos fraude al fisco y asociación ilícita); Rodolfo Hernández Morales (6 años por fraude al fisco y asociación ilícita); Rodrigo Ortiz Arenas (16 años por lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco); Marcela Palza Cordero (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); María Becerra Jelvez (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Eloy Zapata Espinoza (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Patricia Fernández Araya (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Enrique Orellana Muñoz (7 años por fraude al fisco y nombramiento ilegal); Héctor Arancibia Rodríguez (11 años por fraude al fisco, asociación ilícita y cohecho); Gerardo Gajardo Castro (10 años por lavado de activos); Ruperto Ojeda Vildoso (10 años por cohecho y uso malicioso de instrumento privado falso); Sergio Navarro Navarro (7 años por fraude al fisco); y Manuel Terraza Vásquez (3 años por fraude al fisco).

Caso Eloy Zapata

Eloy Zapata (foto de archivo)
Eloy Zapata (foto de archivo)
Aunque el proceso, que durará unos seis meses, debía iniciarse puntualmente a las 8.30 horas del vierenes en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, la ausencia en la sala del ex concejal Eloy Segundo Zapata Espinoza durante el reconocimiento de testigos motivó a los jueces a ordenar a la policía su inmediata detención, decretando para ello un receso de dos horas previo a la apertura formal de la causa.

La decisión de los magistrados motivó la reacción del defensor público Gonzalo Valenzuela, quien de inmediato interpuso un recurso de amparo en favor de Zapata -uno de sus representados-, cuyos problemas médicos no sólo justificaban su ausencia en la audiencia, sino que habían sido previamente acreditados por Valenzuela el pasado martes, cuando presentó una cautela de garantía y entregó los certificados médicos que demostraban el estado de salud de su defendido.

Servicio Médico Legal
Ese día, el tribunal ordenó al Servicio Médico Legal (SML) evaluar y acreditar la condición psiquiátrica del ex concejal antes del inicio del juicio previsto para hoy. Sin embargo, ese servicio informó que la evaluación de Zapata recién estará lista el próximo jueves 7 de agosto, tal como se confirmó esta mañana.

Tras la presentación del amparo, la Corte de Apelaciones de Arica ordenó a los jueces del tribunal oral informar los antecedentes que tuvieron a la vista para ordenar la detención de Zapata, pese a los informes que confirmaban sus problemas médicos.

Finalmente, y tras ser detenido en su hogar, Eloy Zapata llegó al tribunal en silla de ruedas y, pese a los intentos de su defensor público por hacer valer su condición para evitarle permanecer en la sala, los jueces ordenaron seguir adelante con este proceso, en que los abogados de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota representan a 14 de los imputados.

Así, con Zapata en la sala, los jueces ratificaron a los testigos y leyeron las respectivas acusaciones que pesan sobre los imputados, dando inicio formal al juicio oral. El recurso de amparo, en tanto, será alegado mañana en la Corte de Apelaciones, mientras que el próximo lunes 4 comenzarán los alegatos de apertura de los intervinientes.

Consultado sobre la cautela de garantía y el recurso de amparo que presentó, el defensor público Gonzalo Valenzuela explicó que “tenía relación con ver si Eloy Zapata está o no en condiciones de ejercer una defensa material, es decir si puede estar en conocimiento de representar y hacer alegaciones propias que inciden en este caso, no solamente en conocer y comprender los cargos que se le ha formulado, sino con la posibilidad de poder refutar toda la prueba en su contra. Con los antecedentes médicos se señalaba que no estaba en condiciones de comparecer al juicio”, explicó.