Acoso laboral por parte de gobernadora tendría su origen en irregularidades en licitación por 700 millones de pesos

Andrea Murillo, gobernadora provincial de Arica
Andrea Murillo, gobernadora provincial de Arica
La sentencia ratificada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica, en contra del Fisco de Chile por el juicio de la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, presentada por la funcionaria de la Gobernación Provincial de Arica identificada con las iniciales A.E.P.C. habría tenido su origen, en la forma irregular en que se pretendió por parte de la gobernación provincial de Arica de otorgar una licitación por 700 millones de pesos en forma directa.

Según se desprende en la demanda presentada por la asistente administrativa del Complejo Fronterizo Chacalluta, en el Tribunal del Trabajo de Arica, la demandante expone: “En el mes de octubre de 2014, realicé gestiones con la Unidad de Pasos Fronterizos en Santiago de Chile, tendiente a obtener presupuestos adicionales para la ejecución de proyectos extraordinarios, específicamente la adquisición de cinco oficinas modulares, cambio de mobiliario de islas de control, recuperación del pozo de la Concordia y construcción de un estacionamiento para camiones, obteniendo una pre aprobación del presupuesto por el encargado de finanzas de la mencionada unidad, todo lo cual le informé a la gobernadora provincial. Luego de ello, fue que la jefe de gabinete, por instrucciones de la gobernadora provincial, me solicitó que asista a una reunión en el Complejo Chacalluta, a la que asistirían profesionales de vialidad para analizar el proyecto a ejecutar que decía relación con el estacionamiento para camiones a las afueras del sector norte del complejo, entre otros temas. Dicha reunión se realiza el día 23 de octubre de 2014. En ella se indica que se “procederá a abrir las propuesta”, sin tener idea yo del tema, consulto de que se trataban estas propuestas y se me indican que era “cotizaciones” para el tema de estacionamiento para camiones. Así es que se abre la primera cotización, la cual no presenta mayores objeciones, por un monto alrededor de 700 millones de pesos; luego se procede a abrir la segunda cotización, esta de inmediato me llama la atención pues se trataba de un proyecto completo, consistente en un libro de más de 100 hojas. El profesional de vialidad sr, Antonio Gallardo Flores, indica que ellos ya tomaron contacto con la empresa que realizó este proyecto, puesto que la gobernación les habría indicado que este trabajo se realizaría bajo la modalidad de trato directo con la empresa RSL. Ante dicha afirmación, le indico que ello no sería posible, puesto que el trato directo conforme a las normas de la ley de compras públicas tiene el carácter de excepcional y además las causales para ello se encuentran taxativa y expresamente señaladas en la ley, causales que no se ajustaban al caso en cuestión. El funcionario de vialidad muestra su malestar e indica que la empresa RSL había efectuado un trabajo acabado (libro con el proyecto detallado) y había perdido horas hombres en la ejecución de dicho proyecto y todo ello a causa que la gobernación le había señalado claramente que este proyecto se entregaría a esta empresa bajo la modalidad de trato directo. Sin embargo y ante mi oposición, se mantiene la decisión de licitar el proyecto, en caso de ser finalmente autorizados los montos adicionales solicitados a la Unidad de Pasos Fronterizos”.

La negativa por parte de la funcionaria, del trato directo con RSL y no vía licitación pública, fue el detonante para que “la fructífera relación laboral que tenía con la gobernadora provincial tomara un giro radical”. De allí comenzaron, por parte de la gobernadora provincial, una serie de acciones tendientes a obligar a la funcionaria a presentar su renuncia al cargo, lo que no logró, por ello hubo una serie de acciones tendientes a acosarla, desde desalojarla de su oficina, hasta acusarla a los encargados de su práctica profesional.

CORE Mauricio Paredes
Respecto a esta situación, el CORE Mauricio Paredes consultado por AricaMia, manifestó: “Esta situación es de extrema gravedad, por lo tanto en mi calidad de consejero y persona natural, entregaré estos antecedentes, donde se habla de una supuesta irregularidad por parte de la gobernadora, a la Contraloría General de la República, y la Contraloría debe investigar los hechos y constatar si hubo o no una falta administrativa. De ser así y ser efectivo lo que está diciendo la funcionaria, la Contraloría debería entregar su informe y en base a eso, si hubo una intención dolosa de parte del equipo o gente cercana a la gobernadora, debiese ella poner su cargo a disposición o la presidenta de la república pedirle de inmediato el cargo, ya que es mucha la desaprobación que está teniendo el gobierno. No es la presidenta Bachelet, no es la persona de la presidenta, sino son los asesores y mucha gente que la rodea, que ha hecho mal las cosas que creo, se están haciendo cosas que no corresponden y y o como parte de esta Nueva Mayoría repudio este tipo de actos”.

AricaMia junto a otros medios de prensa, intentaron conversar con la gobernadora Andrea Murillo al término del acto de lanzamiento del XXIV Congreso de Autoridades Portuarias, sin embargo se escabulló subiéndose rápidamente al auto de la intendencia para huir del lugar.