Suprema ordena reincorporar a 2 funcionarios despedidos en la Seremi de Obras Públicas

Corte Suprema de Justicia

Máximo tribunal consideró arbitrarias y desprolijas las exoneraciones de los dos trabajadores que fueron practicadas tras asumir el seremi Guillermo Beretta.

En dos fallos distintos, la Corte Suprema ordenó a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas que restituya a dos funcionarios que fueron despedidos por el secretario regional ministerial Guillermo Beretta Riquelme tras asumir en marzo de este año.

Los funcionarios a contrata, Iván Pastén Muñoz y Carlos Ojeda Muñoz se desempeñaban como jefe de la Unidad Técnica de la Seremi y como administrativo en comisión de servicios en la Dirección Regional de Aguas, respectivamente. Ambos ingresaron a la Seremi durante la gestión del ex seremi Jorge Cáceres Godoy (DC).

Al ser notificados del cese de sus funciones en fechas distintas, los dos decidieron interponer recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Arica. Ambas acciones judiciales fueron acogidas en esta instancia, por lo que el MOP decidió apelar frente a estos fallos ante la Corte Suprema, donde también fueron ratificados.

Sin embargo, el máximo tribunal estimó que las razones para las desvinculaciones no se ajustaron a derecho y que no existieron razones que justificaran acertadamente esos despidos. De esta forma, la Corte Suprema continuó con la línea que impuso en un primer fallo en marzo de este año, donde limitó la posibilidad de despedir a funcionarios públicos a contrata, exigiendo razones claras y justificadas a los servicios para practicarlos.

¿Duplicidad de funciones?
Para el caso de Iván Pastén Muñoz, cuyo recurso fue patrocinado por la abogada socialista Sandra Negretti, estimó arbitrario que se fundamentara su exoneración del 8 de mayo pasado, en que no tenía las competencias profesionales para ejercer como jefe de la Unidad Técnica de esa Seremi, por exhibir el título de contador auditor.

El funcionario cumplía esa función desde el 16 de julio de 2016 sin presentar problemas. También rechazó el argumento de que habría duplicidad de funciones en el servicio, que ameritarían una reestructuración para lograr una mejor administración de los recursos, ya que el cargo sigue vigente.

En su considerando séptimo la Corte de Apelaciones cuyo fallo fue ratificado por la Suprema estableció que “respecto a los fundamentos fácticos de la resolución recurrida cabe señalar que esta se fundamenta principalmente en la duplicidad de funciones que ejercerían funcionarios de la SEREMI de Obras Públicas de esta ciudad, ello según Resolución Exenta N° 216 del 24 de abril de 2018, no se precisa si la labor ejercida por el recurrente estaba en dicha situación, sin mencionar mayor argumentación al respecto, además, según el nuevo organigrama de dicho Servicio se mantiene el cargo de Encargado de Unidad Técnica”.

Y agrega que “por otro lado cabe indicar que el recurrente fue designado como Jefe de la Unidad Técnica, mediante Resolución N° 348, de 12 de julio de 2016, ello con posterioridad a la modificación del perfil del cargo que ocupaba el señor Pastén Muñoz, lo que se reiteró en la resolución del respectivo contrato, por estos motivos la resolución que pone término anticipado a la contrata del recurrente no se encuentra debidamente justificada, siendo arbitraria, debiendo acoger la presente acción constitucional”.

Ver fallo Corte de Apelaciones de Arica AQUÍ

Ver fallo Corte Suprema AQUÍ

“Decisión desprolija”
También en el caso del asistente administrativo Carlos Ojeda Muñoz, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica del 21 de junio pasado, en el recurso patrocinado por el abogado Herman Andrade Gálvez.

En esa sentencia se estimó arbitrario, desprolijo e infundado su despido del 19 de abril pasado, dado que no especificó razones concretas de la exoneración y cómo ésta incidiría en una mejor gestión del servicio.

En uno de sus considerandos dice “que, la falta de prolijidad en la fundamentación de la resolución recurrida, que prescinde de los servicios de “administrativo”, haciendo referencia a una gestión eficiente y eficaz y al debido cuidado de recursos públicos, sin especificar cómo la desvinculación de dicho funcionario se relaciona con tales objetivos, nos hace concluir que tal fundamentación es sólo aparente, convirtiéndose en un comportamiento antijurídico que merece ser corregido por la vía proteccional, pues no puede existir una argumentación seria y fundada como la que se despliega en la resolución recurrida, si se aparta del todo de las funciones para las que fue el recurrente contratado y su incidencia en los objetivos generales del servicio donde los presta”

Agrega que “pues si pretende con la reestructuración modificar la dotación y reducirla, a “quienes sean estrictamente necesarios y con las capacidades para el cumplimiento de los fines y objetivos encomendados”, lo mínimo esperable es el examen del cargo de aquel a quien se le termina anticipadamente, pero el esfuerzo de fundamentación cae en el vacío y se convierten en palabras descontextualizadas, si la recurrida ni siquiera tuvo en consideración la labor del recurrente, un asistente administrativo, lo que pone de relevancia que el acto administrativo pierda su coherencia interna”.

También le advierte sobre la necesidad de establecer correctamente los fundamentos del despido de cada funcionario, para garantizar su debida defensa.

El fallo al respecto dice “que, es preciso recordar que la voluntad de la autoridad de poner término a la contrata se consolida en la resolución administrativa, y a partir de su contenido y fundamentación surge la posibilidad de defensa respecto de a quien afecta esa medida, de manera que es una exigencia del acto, que éste, en cuanto a su fundamentación y decisión sea claro y preciso, y no ocurriendo aquello a su respecto se infringe frente a los demás funcionarios públicos, a quienes sí se les ha comunicado en forma circunstanciada las razones del término anticipado de su contrata, infringiéndose la garantía prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ver fallo de la Corte de Apelaciones de Arica AQUÍ

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Consuegro de director de Corfo
Un tercer caso que también está en la Corte de Apelaciones de Arica es el del asistente social del Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Leonel Claros Díaz, consuegro del director regional de Corfo, Manuel Rodríguez Campillay (UDI).

El profesional y ex marido de la extinta presidenta del PS y seremi del Trabajo, Wanda Clemente Gárate, fue despedido el 3 de julio pasado, pese a estar bajo la calidad a contrata.

El tribunal de alzada acogió la orden de no innovar que solicitó el funcionario en un recurso de protección patrocinado por la abogada socialista Sandra Negretti, para evitar que se hiciera efectivo su despido en forma inmediata. Por tanto, su contrato sigue vigente hasta que se resuelva si la desvinculación se ajustó a derecho o fue arbitraria e ilegal como ocurrió en los otros dos recursos.

Claros reingresó a la DOH el año 2015, ya que también fue despedido durante la primera gestión del seremi Guillermo Beretta entre 2010 y 2014. Desde ese año fue renovada su contrata hasta la asunción de la nueva autoridad, quien según fuentes reservadas, habría propuesto su despido por no considerarlo del equipo de confianza política de la Seremi.

MOP no responde
Arica Mía envió un cuestionario a la Seremi de Obras Públicas para conocer su posición sobre este fallo y cómo reincorporará a ambos funcionarios. Hasta el cierre de esta edición no fuimos contactados por su Unidad de Comunicaciones.

A continuación dejamos las preguntas que enviamos a su asesor comunicacional Ricardo Domínguez y también al Gobierno Regional.

-¿Bajo qué argumentos fueron despedidos los señores Iván Pastén Muñoz y Carlos Ojeda Muñoz?

-¿Hubo discriminación política hacia ellos, dado que ambos militan en la Democracia Cristiana?

-La Corte ordena la reincorporación de ambos funcionarios. ¿Qué funciones les asignarán y cómo velarán porque no se produzca un trato discriminatorio?

-Cómo responde el seremi a que esta no es la primera vez que la Corte Suprema revierte una decisión sobre administración del recurso humano en su gestión. El 2012 el máximo tribunal del país ordenó restituir a la directora regional de Obras Hidráulicas, Carmen Campusano en su cargo en rica, por haber actuado en forma discriminatoria y sin fundamentos legales en su traslado a la Región Metropolitana a un área donde no tenía expertisse.

-¿Qué impacto tiene en el clima laboral y en la gestión del servicio el despido y ahora restitución de los dos funcionarios con los debidos pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales?