Gobierno mantiene incumplida orden de destruir dique en “Coraceros” que podría inundar población Nueva Esperanza

Campamento "Coraceros" sumergido en el agua del río Acha.

Por Ximena Astudillo A.

La naturaleza simplemente cobró lo que era suyo. Una vez más después de 7 años de no dar señales de vida, el río Acha se manifestó llegando con fuerza al poblado homónimo, dejó una persona fallecida y terminó por inundar el Campamento Coraceros, aquél conocido como la “toma fantasma” por sus escasos habitantes, ubicado en la salida sur de Arica.

Las precarias viviendas de cartón, cholguán y desechos quedaron bajo el agua en la madrugada de este viernes 1 de febrero, cumpliendo con el refrán local sobre las lluvias estivales que dice: “enero poco, febrero loco”.

Se acabó temporalmente la “toma regalona” de los candidatos en cada elección popular, donde siempre la búsqueda de votos había llevado a algunos a ofrecer fiestas navideñas o un asado cada 18 de septiembre.

Sólo 20 familias fueron evacuadas del lugar por la Onemi. Los primeros rayos del sol dejaron al descubierto una gran piscina de agua turbia escurriendo lentamente hacia el lecho principal del río San José con el cual se comunica hacia el norte.

Y si bien fue poca la gente afectada directamente, otras 1.200 de la población Nueva Esperanza fueron también evacuadas preventivamente. La razón: el temor de que el río Acha siguiera su curso hacia ese centro urbanizado y densamente poblado.

El resistente dique
Junto con ello comenzó a penar -desde ese momento- el monumental dique construido -sin ningún permiso- por el empresario Eduardo Ñaves en pleno lecho para separarse de la “toma” y subir varios metros la cota de su terreno. La pared levantada fue objetada por la Dirección Regional de Aguas, por alterar el cauce y generar un riesgo de inundación de la población Nueva Esperanza, pero que hasta hoy no ha logrado cumplir con su orden de demolición.

El primero en levantar la alerta sobre este problema fue el concejal Daniel Chipana, quien durante toda la noche y la madrugada recorrió el sector indicando que “este es el monumento a la desidia. Lo que vemos hoy, una piscina de agua sobre la “toma”, indica que con la naturaleza no se puede jugar. Lamentable que aún las autoridades no hayan hecho nada aquí teniendo las herramientas legales para hacerlo y derribar ese muro. Esto amerita un estudio serio de los deslindes de este río seco, para evitar una tragedia”

Fue tras llegada del río Acha, que nuevamente afloró la denuncia que el mismo ex presidente del Campamento “Coraceros”, Alberto Bello hizo el 2017 en contra del particular Eduardo Ñaves Ramos. Ante la Dirección Regional de Obras Hidráulicas denunció la construcción de unas defensas fluviales con material de relleno, lo que generó una pared considerable, cambiando el curso del torrente.

Desde ese año, pese a que el requerimiento fue derivado a la Dirección Regional de Aguas –organismo fiscalizador de obras realizadas en cauces naturales- nada ha pasado. Ello pese a que un informe suscrito por la ex jefa de Fiscalización de ese organismo, Mirtha Arancibia, actual gobernadora de Arica, reprochó el relleno de material y construcción del muro que hizo Ñaves, y, a la vez, propuso su destrucción por alterar el cauce.

En el Acta de Expedientes del 7 de diciembre de 2017, Arancibia propone una multa de entre 100 y 1.000 Unidades Tributarias Anuales y “la paralización inmediata de las obras”.

La funcionaria al realizar una inspección del río Acha, concluyó que “queda de manifiesto que el angostamiento y eliminación del cauce producto de las obras realizadas por el Sr. Eduardo Ñaves, implican un riesgo tanto para las poblaciones ubicadas en la ribera izquierda, como para las ubicadas aguas abajo del sector en cuestión”.

Este informe también concluyó que el entorpecimiento del escurrimiento de las aguas, alterando la sección natural del río, podría “causar daño a la vida, salud, o a los bienes de la población ubicada en el sector intervenido y a las poblaciones aledañas, como es el caso más crítico del “Campamento Coraceros”, el que alberga a una población aproximada de 100 personas que actualmente se encontrarían en riesgo de inundación ante una eventual crecida”.

Pese a estas conclusiones, nada ocurrió. Es más, el ex director regional de Aguas, Juan Pablo Rejas, a raíz de que el particular no atendió la orden de demoler, requirió por oficio al gobernador de Arica, Ricardo Sanzana el auxilio de la fuerza pública para proceder a su destrucción con recursos del Estado, tal como lo establece el Código de Aguas.

La autoridad provincial de la época nunca acogió la medida, argumentando que tenía una tesis alternativa sobre la pertinencia del uso de la fuerza pública. Hoy paradojalmente esa solicitud duerme en el escritorio de la gobernadora Arancibia, la misma que hizo el informe que sugirió la demolición de ese “dique”.(Ver informe completo AQUÍ)

Para resguardarse, Rejas realizó una reunión con la junta de vecinos del sector, advirtiéndoles el peligro que revestía este asunto.

Ayer AricaMía intentó conseguir una versión del actual director regional de Aguas, Cristián Sáez. La autoridad se excusó de entregarla diciendo que el expediente “es muy complejo y es una causa que aún no se cierra. La multa ya está resuelta. El titular está consciente del tema. No es ese el procedimiento de recurrir a la Gobernación para demoler. No hay un tiempo para la demolición. Mejor canalice la consulta con nuestro periodista del MOP”.

Este medio a temprana hora envió un cuestionario sobre el tema a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, el cual hasta el cierre de esta edición no fue respondido.

Durana arremete
Sin prever las consecuencias, ayer fue el propio senador José Durana quien encendió las alarmas sobre la desidia de las dos últimas administraciones gubernamentales sobre este tema aún pendiente.

Fue el 2017 en medio de su campaña senatorial, que el parlamentario alertó sobre la construcción de una pared en este sector y la intervención del cauce. Justamente su denuncia activó la fiscalización de la DGA y que terminó en el lapidario informe ordenó la destrucción.

A casi un año y medio de no haber conseguido la demolición, sin medir los impactos que podría provocar en las actuales autoridades de Gobierno por su eventual negligencia, el senador acudió a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar estos hechos.

Ante el organismo persecutor interpuso una denuncia por cuasidelito de homicidio y/o lesiones contra quienes resulten responsables.

“Frente a la dureza de los hechos con que hemos sido impactados con la bajada del río Acha, es que colocamos este recurso en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables porque estimamos que existen responsabilidades penales al colocar en riesgo vidas humanas del sector Coraceros”, sentenció el senador.

Agregó que “acá existe una responsabilidad fiscal y también del sector privado, por lo mismo, hoy estamos presentando esta denuncia en el Ministerio Público para que se determinen responsabilidades producto de esta tragedia que afectó a los pobladores del sector de Coraceros la noche de este viernes 1 de febrero”.

La denuncia de Durana, al parecer, no cayó bien en el Gobierno Regional. Fue el seremi de Gobierno, Víctor Mardones, quien al ser consultado sobre este asunto, dijo sin responder el fondo de las acusaciones, que “no es competencia del Gobierno hacerse cargo de las solicitudes que particularmente puedan hacer los parlamentarios, para eso están los tribunales. Los tribunales son un ente externo y eso tendrá que seguir su cauce. El día de mañana veremos si esa causa prospera en términos positivos o negativos”.

Luego en su intervención, pidió al seremi de Vivienda, Giancarlo Baltolu que se refiriera al tema, indicando que “es el organismo técnico competente en el tema”, desconociendo que es la DGA, un servicio del MOP, el llamado a pronunciarse sobre este asunto.

“Masterplan Coraceros”
El Campamento “Coraceros” ha sido un muy buen ejemplo de la voluntad del hombre por torcer la fuerza de la naturaleza. Ello porque a la construcción de la monumental pared que hasta fue construida con ladrillos en pleno lecho seco, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a cargo del director regional Juan Arcaya, impulsó el llamado “Masterplan Coraceros”.

La propuesta consistía en -nada más y nada menos- que construir allí mismo donde se inundó, unas 1.500 viviendas sociales, un parque, equipamiento comunitario y la “puesta en valor” de los vestigios arqueológicos del Hombre de Acha.

La propuesta fue incluida dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Para concretarla, el Serviu adquirió por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos a la Compañía Minera Colín Tocopilla el terreno de 24,7 hectáreas donde estaba emplazada la “toma”.

El “Masterplan Coraceros” nunca pudo ejecutarse, pese a la onerosa inversión estatal. Fue el actual secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu, quien a los pocos meses de haber asumido el año pasado, le puso la lápida por falta de rentabilidad y estar en un sitio expuesto a inundaciones.

Ayer al visitar el sitio totalmente anegado, indicó “esta es una lamentable situación que nosotros la preveímos en algún momento. Esto demuestra la irresponsabilidad con la que se actuó en la administración pasada al comprar un terreno donde no estaban dadas las condiciones para la construcción de viviendas sociales. Fue una inversión de 4 mil millones de pesos y ya vemos como quedó. Esto desde luego no resuelve el problema de la gente”.

Y remató enviando un mensaje indirecto a Arcaya: “es una pena lo que pasó. Ojalá que las personas que tomaron esta decisión de comprar estos terrenos, hagan una autocrítica y reflexionen el daño que pudieron haberle producido a algunas familias si hubiésemos construido viviendas sociales acá”.

El seremi señaló que en contraste a este plan fallido, el Gobierno logró que de 205 de las 225 familias que residían en la “toma”, obtuvieran una solución habitacional, quedando pendiente sólo 20. Lo que sí no dijo fue que pese a ser decretado el 2011 el cierre de este campamento, recién estos últimos meses se decidió licitar su cierre perimetral, fracasando en el primer intento, por lo que ahora en febrero se hará un trato directo para que una empresa lo concrete.

De esta manera, se pretende evitar una nueva reedición de la “toma fantasma”. Es de esperar si se construye un cierre, que el Serviu consulte a la DGA, si necesita autorización para hacer obras. Ello porque la bajada del río Acha, se encargó de demostrar que ese terreno era parte de su cauce natural y que para cualquier intervención requerirá su visto bueno.

De su destino futuro, nadie sabe cómo se rentabilizarán los 4 mil millones de pesos pagados a un particular por un terreno que hoy es un sitio inundable y susceptible de “tomas” con población flotante.

Veamos entonces si la bajada del caprichoso río Acha enseña que “con la naturaleza no se juega”.

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