98 despidos de funcionarios públicos: lo que hay detrás de los sobres azules

Las últimas dos semanas de noviembre fueron “de terror” en los distintos servicios públicos. Tras nueve meses del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se cumplió el vaticinio que persiguió a muchos, como el galope de un caballo en sus oídos tratando de alcanzarlos día y noche.

En total, 98 despidos de funcionarios a contrata y a honorarios fueron notificados bajo el eufemismo “desvinculaciones”, término usado para morigerar lo que significa el temido “sobre azul” para un trabajador.

Y así sin más espera, desde la Intendencia hasta el más pequeño servicio público, contribuyeron con notificaciones del cese de funciones y con el término de algunas contratas que incluso llevaban más de 20 años en esas reparticiones. Algunos habían sobrevivido al primer Gobierno de Piñera, pero en esta segunda pasada no hubo una nueva oportunidad.

Está por verse si los despidos serán la última palabra. La Anef ha llamado a los exonerados a judicializar sus casos, ya que existen muchos precedentes en el país a nivel judicial, donde ha habido fallos que han calificado los despidos como arbitrarios e ilegales. En Arica suman una decena en las seremis de Obras Públicas y Bienes Nacionales, entre otros servicios donde las autoridades han debido reincorporar a exonerados.

Esta vez, en todo caso, muchos de los despidos fueron notificados con argumentación señalando incumplimientos del Estatuto Administrativo. Un dirigente de la Anef al analizar algunas de las cartas, indica al respecto que “la derecha aprendió a despedir en función de los fallos que le han revertido los despidos. Veremos qué tan verosímiles son los argumentos que han expresado en cada caso, porque no se trata de hacer un listado a última hora de incumplimientos. Aquí en muchos hay incongruencias entre la carta de despido y las calificaciones trimestrales donde no aparecen signos de ineficiencia. Aquí la autoridad regional tiene mala ejecución del presupuesto, sale última y no la sacan. El desquite se produce con gente a la que se le acusa de operadores y no lo son”.

Cáncer y acosos
Más allá de las sumas y restas, detrás de los despidos hay algunas historias que desde el punto de vista humano fueron obviadas por las autoridades, a la hora de terminar los contratos.

En ese recuento existen dos funcionarias con cáncer: una en el Servicio Nacional de Menores y otra en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. Los diagnósticos, conocidos ampliamente por las autoridades de esos servicios, no frenaron la implacable de decisión de cesar sus contratas. Las acusaron de mal desempeño desde que llegaron.

También se incluyen en esta lista casos como el del conductor de la Seremi de Obras Públicas, que durante el año protagonizó un choque en el vehículo fiscal mientras iba a buscar al seremi a su hogar.

La instrucción de ir a buscar a la autoridad a su casa y su testimonio de que una jefa de servicio le sugirió alterar la bitácora del vehículo, para evitar complicaciones al seremi, no fueron investigadas en el sumario que le hicieron -donde participó la misma jefa- y, por el cual, le fueron notificados cargos como el incumplimiento de sus labores e ineficiencia. El proceso sumarial sigue en curso, mientras el chofer está con licencia médica por estrés tras unos meses duros de cuestionamientos por su desempeño, al punto que no volvió a conducir el jeep de la Seremi.

En la Gobernación Provincial de Arica el panorama “fue de terror todo el año”, relata una fuente confidencial. Fueron 10 los despidos, que se sumaron a otros tres y dos renuncias durante el año, y según comenta la misma fuente, “a un costo altísimo. Maltratos permanentes y varias denuncias por tutela laboral por persecución. Incluso hay hechos cuestionables como la revisión que habría realizado un funcionario contratado por la gobernadora del disco duro de un computador asignado a un funcionario que fue exonerado, mientras estaba ausente, ya que se le percibía díscolo a la gestión”.

No menos llamativos fueron los despidos de los dos periodistas que trabajan en la Intendencia Regional y que acompañaban en su gestión al nuevo director de Comunicaciones del Gobierno Regional, el periodista César Rozas.

El profesional en menos de cinco meses de gestión, tras suceder a la periodista Pamela Cousins, que estuvo 10 años en esa función sorteando distintas crisis y autoridades, consiguió ganar un concurso denominado “express”, para integrar la planta de ese servicio con un grado 5.

Y mientras Rozas aseguró su estabilidad laboral ganando un cupo en la planta y se autodefinió de “confianza política de la intendenta”, en paralelo, contribuyó con el despido de los dos periodistas a contrata de su unidad, entre ellos una de 70 años con una discapacidad y amplia trayectoria en el medio. Entre los cuestionamientos para prescindir de los profesionales figuraban “el no ejercer oportunamente las labores encomendadas y no tener buen disposición para trabajar”.

Rara excusa, especialmente, porque a ambos despedidos siempre se les vio trabajando en eventos del Gobierno, incluso durante los fines de semana. En el gremio de los periodistas se preguntan ¿qué cambió tanto? Los mismos funcionarios siempre fueron bien evaluados durante toda su trayectoria en los servicios públicos. Cambió sólo el jefe y repentinamente se tornaron “malos elementos”. Y como corolario a ambos les dijeron que su jefe directo nada tenía que ver y que esto respondía a una evaluación del Ministerio del Interior en Santiago y a la necesidad de “liberar” contratas para hacer un reacomodo a nivel nacional.

Otro caso llamativo es el ocurrido con el analista de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Rodrigo Carreño, también exonerado. El joven profesional, sin militancia, colaboró intensamente en destrabar iniciativas que formaron parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) del Gobierno de Michelle Bachelet, mientras ejerció el cargo de coordinador del equipo de analistas de inversiones en esa Seremi.

Sucedió al actual seremi de Obras Públicas, Guillermo Beretta en ese cargo y, según explican algunas fuentes, no le perdonaron haber colaborado en todo el proceso impulsado por el Gobierno anterior para traer una partida especial de inversión pública a la región, cambiando el perfil de “entrabador” del desarrollo regional que ostentaba esa unidad, por escudarse en la antigua normativa del Sistema de Inversión Pública para bloquear el avance de proyectos necesarios para la región.

En paralelo, el seremi de Desarrollo Social, Roberto Erpel, que despidió a Carreño, logró colocar a uno de sus hijos en la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional, específicamente a cargo de las redes sociales de este servicio. Quienes han visitado esa oficina dicen que constantes son sus preguntas sobre cómo se escriben las palabras que debe utilizar, para evitar “horrores ortográficos”.

¿Activistas periodistas?
El rumor de los despidos golpeó constantemente desde marzo a los funcionarios públicos especialmente a aquellos bajo la modalidad a contrata, es decir, cuyo contrato se renueva año a año y se notifica su continuidad en noviembre.

En el transcurso del año fue intenso y recurrente el comentario sobre la existencia de “listas negras”, especialmente con nombres de funcionarios públicos que participaron en la campaña presidencial apoyando al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

El secretario regional ministerial de Gobierno, Víctor Mardones, lo negó siempre, pero a nivel de los periodistas que trabajan en los servicios públicos, esto fue admitido como una verdad. Fueron las propias autoridades que asumieron en marzo, las que les hicieron saber a estos profesionales que había un informe en la Segegob sobre sus posteos en contra de Piñera y fotos sobre su participación en concentraciones por Guillier, que hacían inviable su permanencia en los servicios públicos, debido a su posición política.

A algunos los trataron incluso de “activistas” y de “operadores políticos”, sin siquiera conocer su trabajo y funciones específicas. Finalmente, la amenaza constante para estos profesionales de las Comunicaciones Institucionales se cumplió: 8 periodistas del Gobierno Regional y de las secretarías regionales ministeriales de Salud, Educación, Medioambiente, además de direcciones regionales de Indap y Fosis.

Para justificar sus exoneraciones los golpearon permanentemente con reclamos por falta de presencia en los medios o por no salir con la cuña y foto precisa.

El golpe para la directiva regional del Colegio de Periodistas fue fuerte. Su presidenta Patricia Gálvez fue notificada de que su contrato a honorarios en Indap no sería renovado, tras publicar una carta en La Estrella de Arica, cuestionando los despidos que estaban afectando al gremio en la administración pública.

Al día siguiente le tocó a su marido, Daniel Meza, periodista con 10 años en la Seremi de Salud fue informado que su contrata no sería renovada y también otro colega a honorarios que formaba parte de su equipo.

La llamada “razzia” contra este gremio, terminó con el despido de otro dirigente de esa orden: el periodista de la Seremi de Educación, Angelo Auil también fue notificado de que no seguiría trabajando. El proceso no estuvo exento de tensión ese día, donde Carabineros fue llamado a custodiar el edificio de esta repartición pública, mientras los trabajadores eran notificados.

Versión Seremi de Gobierno
Respecto a los despidos que se han producido durante las últimas dos semanas en los distintos servicios públicos de la región y que forman parte de un proceso nacional con 2.500 exonerados, el secretario regional ministerial de Gobierno, Víctor Mardones envió sus respuestas a un cuestionario que AricaMía le hizo llegar. Sobre la consulta por la funcionaria con cáncer que despidió, entrega un visión general sin hacerse cargo de esta situación.

¿Cuántos son en total los funcionarios a contrata y a honorarios despedidos por el Gobierno en la distintas reparticiones de la región hasta ahora?

La ANEF regional ha señalado públicamente que son 97 funcionarios a los cuales no se les renovó su contrato.

¿Serán reemplazados estos funcionarios por otros o esto forma parte de una reestructuración del Estado, que implicará ahorros y reasignación de funciones en quienes se quedan?

-El proceso de no renovación de contratos se realizó bajo dos criterios. En primer lugar, basado en evaluaciones técnicas y objetivas realizadas a cada uno de los funcionarios por parte de sus jefaturas; y en segundo lugar, por ajustes organizacionales y presupuestarios realizados por cada institución, por lo que cada servicio público está evaluando la forma en que se trabajará para asegurar el cumplimiento eficiente de metas y programas específicos. Es importante destacar que cualquier cambio que se haya realizado va en busca de optimizar la gestión pública con el fin de entregar soluciones con sentido urgencia y mejorar la atención a los ciudadanos. Cada Ministerio busca mejorar el desempeño y contar con los mejores equipos para los nuevos los desafíos de nuestro Gobierno.

¿Cómo responde a las denuncias de Anef y otras organizaciones gremiales en cuanto a que estos despidos se deben a persecución política hacia personas que participaron en la campaña electoral de la Nueva Mayoría o son críticos al actual Gobierno?

-La herramienta que se utilizó para determinar la continuidad de cada funcionario fueron evaluaciones de desempeño, las que son netamente técnicas, y muestra de aquello, es que actualmente hay reconocidos integrantes de la Nueva Mayoría que ejercen sus funciones de forma normal en distintos servicios públicos.

Su cartera y gestión ha sido sindicada como la responsable de mantener “listas negras” sobre personas de oposición que están en los servicios públicos y que esos antecedentes han sustentado los despidos y persecuciones laborales. ¿Cómo responde a esa crítica?

-Cada servicio público tiene, entre sus facultades, la independencia de generar evaluaciones de sus funcionarios, y también generar los cambios que se consideren un aporte para realizar de mejor forma el cumplimiento de sus estrategias futuras, y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región, y por ende, descarto absolutamente lo señalado por usted.

¿Cómo responde al cuestionamiento en su propia cartera de haber despedido a una funcionaria con cáncer y a otra con más de 20 años de servicio en la Segegob? También sobre la exoneración de otra funcionaria de Sename con cáncer

-Las no renovaciones de la Segegob fueron basadas en evaluaciones con criterios técnicos y objetivos a desempeños profesionales. Desde el primer día fui transparente en cuanto a dar a conocer la importancia que le doy a la eficiencia, responsabilidad, rigurosidad y sentido de urgencia de nuestras funciones para entregar el mejor servicio a las personas que acuden a nuestra Secretaría en busca de una solución a su problema, y las personas que no se desempeñaron durante este año bajo esos requerimientos, lamentablemente no están en la línea de acción que espera la ciudadanía de la actual administración de esta Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.

Ha habido varios fallos judiciales que han revertido los despidos efectuados durante el año considerándolos arbitrarios e ilegales. ¿Cómo asume este costo el Gobierno y el perjuicio económico y en la gestión que estas acciones están causando a la administración pública?

-Somos muy respetuosos de los fallos y procesos de los tribunales de justicia, por lo que no me puedo referir a ello más ampliamente. Las personas y ex funcionarios que sientan que sus derechos laborales han sido afectados, están en su derecho de recurrir a las instancias pertinentes, no obstante, como Gobierno tenemos claridad de que nos hemos basado en la normativa legal vigente.

A nivel de los periodistas contratados en la administración pública, hay 9 exonerados, entre ellas la presidenta del Colegio de Periodistas y su marido. ¿Cuál es el fundamento de estas exoneraciones y cómo asume la denuncia en contra del Gobierno respecto a que estos despidos obedecen a que ambos estaban dentro de una “lista negra” que aludía a su afinidad con políticos de la Nueva Mayoría o a un perfil crítico hacia el actual Gobierno?

-Vuelvo a recalcar, que las renovaciones se basaron en evaluaciones técnicas y no tienen relación con las actividades personales y mucho menos con las relaciones interpersonales de los funcionarios de las distintas carteras.

¿Cómo enfrenta Ud. las críticas de que ha habido respecto a que todos estos despidos responden a la necesidad de satisfacer plazas y expectativas ofrecidas a militantes de los partidos de Gobierno, que han cuestionado durante todo el año la “lentitud” de ingreso a la administración pública para retribuir su lealtad y trabajo durante la campaña presidencial?

-Desconozco esas críticas y su fuente, por lo que no me puedo hacer cargo de dichos o rumores de los cuales no tengo certeza sobre los sustentos de aquellos. Lo que sí le puedo asegurar, es que como Gobierno garantizaremos que las personas que lleguen a cumplir funciones públicas, serán profesionales de reconocida trayectoria en busca de hacer más eficiente los servicios públicos y poder mejorar sustancialmente la atención de la ciudadanía.