1.553 niños, niñas y adolescentes de la región se encuentran con medidas de protección

Mesa intersectorial para la Infancia

En la Región de Arica y Parinacota existen 1.553 niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medidas de protección, de los cuales 228 se encuentran en espera y 1.325 están en etapa de cumplimiento.

Así se establece de los datos entregados por el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) del Poder Judicial, que permite proporcionar datos actualizados para los tribunales, en especial para el Juzgado de Familia de la ciudad.

De las 1.553 medidas de protección, 123 se encuentran en la modalidad de intervención residencial, de los cuales 8 se encuentran en espera y 115 en etapa de cumplimiento. En tanto, en el Programa de Familias de Acogida (FAE) 7 están en espera y 36 en cumplimiento; finalmente en los programas ambulatorios, 213 están en etapa de espera y 1.174 en cumplimiento.

La supervisora del Centro de Observación, Ana Paulina Godoy, comentó que esta entidad cumplió un año de funcionamiento; y durante este periodo han podido ordenar el trabajo administrativo, que va en directo beneficio de los niños.

“Es un familiar, el director del colegio, un vecino, una institución o cualquier persona puede presentar una denuncia, que el tribunal levanta y evalúa mediante una audiencia preparatoria y un juicio. Si los derechos del niño están siendo vulnerados, de acuerdo al tribunal, el niño se deriva a un programa ambulatorio de competencias parentales; si se complica dependiendo de la gravedad, se aplica otra medida; si la familia no es suficiente y debe salir de su familia nuclear, por ejemplo, a la casa de su abuela, se deriva a un FAE; y finalmente, si no hay red familiar, como última instancia se deriva a una residencia”, explicó la profesional.

La profesional comentó que este Centro de Observación entrega en forma semanal un informe detallado del movimiento que se registra en la región en torno a las medidas de protección.

Prioridad
“Los niños de nuestro país no pueden esperar más”. Así de tajante fue el juez presidente del Juzgado de Familia, Luis Jorquera, quien manifestó que su trabajo al mando de este tribunal se centrará en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región. Al respecto, el magistrado sostuvo que están las condiciones para realizar un seguimiento periódico estas medidas de protección. “La revisión de las medidas de protección se hace urgente. La idea es disminuirlas en número, a través de una campaña que queremos hacer de fortalecimiento de las competencias parentales, del buen trato a la infancia”, dijo el juez, quien explicó que al empoderar a los padres en su rol, “lograremos bajar los niveles de vulneración de los derechos: a mejor trato en los niños, menos medidas de protección”.

El Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección es una unidad encargada de velar por el seguimiento oportuno y eficaz del cumplimiento de las medidas de protección decretadas por los juzgados con competencia en familia en favor de un niño, niña y/o adolescente (NNA) que ha sido derivado a la red de protección residencial, ambulatoria o programa de familia de acogida especializada (FAE), se constituyen en el principal apoyo para los juzgados que conocen de esta competencia. En Arica, el Centro de Observación lo integran Ana Paulina Godoy y la funcionaria administrativa María José Alegre.

En noviembre de 2016, comenzó sus funciones en Arica la Mesa Interinstitucional de la Infancia, que lidera el Poder Judicial y en la que participan además la Seremi de Justicia y el Sename, con la finalidad de establecer acciones que vayan en protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta entidad se reúne en forma mensual y en el último año han integrado a otros servicios públicos que tienen directo trabajo con la infancia.

Al respecto, hace unos días, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y Desarrollo Social, Alfredo Moreno, constituyeron la mesa de trabajo entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo para mejorar la tramitación de causas sobre medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, en el marco del Acuerdo Nacional por la Infancia.